En momentos como el que vive el sistema político español, el periodismo profesional e independiente puede jugar un papel crucial. El contexto es una agenda golpista por parte de la derecha que lleva meses desplegándose, propulsada ahora por un caso de corrupción y posible financiación irregular del PSOE. El Gobierno de Sánchez está muy débil, porque se sustenta en el rechazo a ese escenario golpista, pero se resiste a articular un proyecto plurinacional y popular en positivo, a la altura de esa amenaza.

Con ese panorama y la Policía, la judicatura y los medios ultras en plena efervescencia gorila, no es fácil hacer buen periodismo. Haberlo ejercido en Euskal Herria durante las últimas décadas puede ser una ventaja competitiva.

EMPIRISMO TRAUMÁTICO

A falta de fuentes directas, el conocimiento empírico de las estructuras oscuras del Estado español sirve para entender bastantes cosas. También ayuda no ser parte del sistema de intereses que sustentan los medios españoles. El contexto vasco es distinto, y también lo es nuestro enfoque.

Los medios que se han resistido al concepto de Régimen del 78 -o que lo han utilizado solo a modo de chanza, loa o recurso ventajista-, sin atender a sus características y a su entramado de poder, tienen difícil explicar la mayor parte de las cosas que han pasado estos días. Arnaldo Otegi lo resumía de forma sencilla en Radio Euskadi: «¡Si hasta el rey [emblema de la Transición y de ese régimen] está exiliado por corrupción!».

Por otro lado, los casos falsos de corrupción de los últimos años dan una pista del cuidado con el que hay que tomarse las campañas de los poderes del Estado. No se puede hacer periodismo como si no hubieran funcionado la Policía política del PP y los chantajes del comisario Villarejo.

Hay que recordar que las acusaciones de corrupción fake contra Xavier Trias y Artur Mas, contra los ideólogos de la resistencia independentista a cuenta de la conexión rusa, contra los líderes de Podemos mezclándolos con Venezuela e Irán… tuvieron efectos políticos que siempre beneficiaron a la derecha y nunca pasaron factura a sus promotores.

VIEJOS CONOCIDOS EN NUEVOS PUESTOS

No siempre es fácil decidir qué contar, pero hay que saber qué no se va a dar por bueno. Por ejemplo, no vale aceptar como imparcial y profesional un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Lo expresaba de forma certera Aitor Esteban, al mostrar su sorpresa por la forma en la que Pedro Sánchez había asumido el informe y sentenciado sin juicio a Santos Cerdán. Si ni siquiera se trata de las pruebas que defenderán sus agentes en sala, sino de las filtraciones dosificadas e interesadas que desde ese organismo se reparten entre medios afines a su causa, periodísticamente no tiene un pase.

Porque a estas alturas la Guardia Civil ya ha demostrado que tiene una causa, y que no es la propia de una Policía judicial, sino la de una Policía política. Por eso, los mandos de la UCO se han formado en el cuartel central de la contrainsurgencia en tierras vascas: Intxaurrondo. Lo fue el guardia civil condenado por torturas, indultado por el PP y condecorado por varios gobiernos, Manuel Sánchez Corbí. Un currículum que los medios españoles obvian una y otra vez.

Del mismo lugar procede Antonio Balas, quien ahora dirige esta operación de la UCO. Si tuviésemos esa clase de fuentes, les preguntaríamos: ¿Estaba Balas en el aeropuerto de Hondarribia hace ayer 30 años, cuando raptaron los cuerpos de Joxean Lasa y Joxi Zabala? Los que tienen esas fuentes no se lo van a preguntar.

Tampoco parece del todo casual que Manuel Sánchez Corbí pasara de dirigir la UCO a un cargo directivo de Acciona, principal empresa implicada en el «caso Koldo». Con mucho menos, la UCO ha montado el informe sobre Santos Cerdán.

QUE LO SÓRDIDO NO TAPE LO NÍTIDO

En las infografías de ese informe, Cerdán aparece asociado al resto de acusados, pero los cargos en su contra se sustentan en valoraciones como «tenía capacidad de decisión» o «podía influir», destinadas a montar un relato que se apuntala con filtraciones falsas.

La voluntad mal disimulada de que el caso pasase a llamarse «Cerdán» (o «Santos», como aparece constantemente en ese informe oficial), no ha triunfado por el protagonismo grotesco de Koldo García. Pero incluso en las referencias culturales existe una brecha: Koldo no es un personaje de “Torrente”, sino de la secuela que nunca se hizo de “Airbag”.

No obstante, para hacer periodismo ahora es importante no despistarse. La droga, las prostitutas y la logística policial son llamativas, pero no deben desviar la atención. Por eso, junto con la estructura de poder del régimen y el análisis de los poderes, hay que mantener el foco en la información y el rigor.

ELEVAR A CATEGORÍA DE PRUEBA UNA FILTRACIÓN

El jueves, diferentes medios afirmaron que «Cerdán era dueño del 45% de Servinabar». La UCO había encontrado un documento en el registro de un inmueble propiedad de Antxon Alonso, administrador de esa empresa, en el que cedía parte de la propiedad a Cerdán.

Es lo que desencadenó la dimisión parcial de Ramón Alzórriz. En nuestros medios no le dimos pábulo, porque la fuente no nos parecía veraz.

Al día siguiente, Servinabar negó que Cerdán fuera parte de la empresa. Es verdad que Antxon Alonso dice lo que le conviene. Pero también la UCO.

En este sentido, el abogado de Cerdán, Benet Salellas, pidió tiempo para poder preparar su defensa, teniendo en cuenta que no tienen acceso a los informes y a las pruebas que aparecen en los medios. Entre otras, ese documento que la UCO filtró, que los medios españoles dieron por bueno y que el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo español Leopoldo Puente, ha rechazado entregar a la defensa de Cerdán.

EL VALOR DE SER CONGRUENTES

En medio de este embrollo provocado, hay que preguntarse constantemente qué es noticia y qué no lo es. Y ser congruentes. Si la semana pasada se ponía en duda que Cerdán fuera a entregar el acta de diputado, cuando lo hizo esa era la noticia. El contraste con la forma de actuar de José Luis Ábalos era en sí mismo noticioso. Amortizar los sucesos en base a si has acertado en el pronóstico al que te empujó una filtración interesada no es periodismo.

Otras veces, que algo sea noticia depende del enfoque. En este contexto, el significado de que Cerdán haya pedido al mencionado letrado Benet Salellas que lo defienda y que este haya aceptado puede significar cosas distintas para los medios españoles y para los vascos o catalanes.

Sea Santos Cerdán culpable o inocente, es la clase de abogado que elegirías si lo que Pedro Sánchez viene diciendo durante estos últimos años sobre el estado de las cosas fuese cierto. Y nosotras pensamos que lo es. Si este ataque formase «parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad» (palabras de Sánchez hace un año), es lógico elegir a un abogado que aúne técnica jurídica y una perspectiva democrática firme.

Por si hubiera dudas, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia son principios a reivindicar, en general.

CASI TODO YA HA PASADO

Otro ejercicio interesante en este momento es tirar de la hemeroteca. Sin grandes medios para investigar, los hechos probados previos dan una información válida para entender el contexto.

Un buen ejemplo es el análisis de Ramón Sola sobre parecidos y diferencias entre este caso y la «trama Roldán», entre la Nafarroa de 1994 y la actual.

Asimismo, la Comisión estatal de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinó en 2022 que seis de las principales constructoras españolas habían alterado durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de obras públicas. Las empresas sancionadas eran Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain y Sacyr. Desde 1992, esas compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos e intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos. Entre las miles de licitaciones amañadas había carreteras y aeropuertos, pero también hospitales.

La CNMC hablaba de 25 años, pero existen «indicios consistentes» de que esta trama dura casi 50 años.

Como siempre, en periodismo valen más las preguntas buenas que las respuestas malas. Con ese historial, ¿por qué la UCO no está concentrada en investigar esa matriz de corrupción? ¿No sería lógico que a la vez que entraban en Ferraz entrasen en la sede de Acciona?

FILTRACIONES EN LAS ESTRUCTURAS

Esta semana se sabía que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pide cuatro años de cárcel contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del acuerdo en el que aceptaba que había defraudado. Manos Limpias pide cuatro y una asociación de fiscales pide seis años. No solo no hay pruebas de la filtración, sino que hay indicios flojos y contradictorios. Varios periodistas han declarado delante del juez y ante notario que ellos tenían esa información antes.

En un país abonado a las filtraciones, no solo será la primera vez que se procesa a un fiscal general, sino que seguramente será la única en que se investiga tan en serio un hecho así. Porque el objetivo no es acabar con las filtraciones, sino con el fiscal y con el Gobierno.

De no ser así, ¿podría la UCO pasarse un mes filtrando información confidencial de una investigación en curso? En este peculiar Estado de derecho a la española, ¿quién investiga a la Policía judicial? Visto lo sucedido esta semana, está claro que no serán ni la judicatura ni los medios de comunicación.

En este sentido, la obsesión de los medios y periodistas «progresistas» españoles por competir en filtraciones con los de la derecha es impúdica.

En definitiva, no es fácil hacer bien este trabajo con un material tan viciado de raíz. No obstante, para no hacerlo tan mal basta con aplicar mucho rigor, bastante prudencia, todo el talento y el oficio disponible en las redacciones, principios claros y anclajes ideológicos serios. No es poco, no es fácil.